El Vocero Presidencial, Manuel Adorni, anunció, el pasado viernes, que el Gobierno Nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), la compañía pública que se encarga de brindar servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para “asegurar la continuidad en la prestación del servicio de agua potable en condiciones óptimas”. En este sentido, resulta pertinente preguntarse qué significa y qué implicancias tiene esta privatización para la República Argentina, en la actualidad.
En el anuncio oficial, se determinó que el Poder Ejecutivo avanzará en la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, a través de una licitación pública nacional e internacional, “ajustada a los más altos estándares”, con el objetivo de encontrar un operador estratégico. De esta manera, el Gobierno buscará mejorar los precios y la calidad del servicio, como así también modernizar al sector, según explicó Adorni en su conferencia de prensa. El proceso para que la firma comience a operar y funcionar, bajo un esquema mixto, será regulado por la Comisión Nacional de Valores del Ministerio de Economía.
Como parte de este proceso de privatización, el Poder Ejecutivo ha modificado el marco normativo y legal vigente de la compañía, permitiendo la incorporación de capital privado, a través del Decreto N°493/2025, publicado el día de la fecha en el Boletín Oficial, para asegurar la continuidad de la firma en “condiciones óptimas”. La disposición oficializó la modificación y reconfiguración del marco normativo de regulación y funcionamiento para el servicio de agua y cloacas en el AMBA. Así, por ejemplo, se autorizó, por primera vez en dos décadas, la habilitación para el corte y la interrupción del suministro del servicio de agua potable por mora. El texto explica que las modificaciones, introducidas a partir de esta norma, tienen el objetivo de atraer inversiones privadas, en el marco del proceso de privatización, y mejorar la eficiencia operativa de la compañía.
La privatización anunciada para AySA por el Gobierno Nacional se encuadra dentro de un profundo e intenso proceso de reestructuración y reorganización estatal que está llevando a cabo la administración de Javier Milei, desde su llegada al poder, en un contexto de emergencia pública y crisis. El fin de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley N°27.742, no supone, por lo menos hasta el momento, un severo impedimento para que el Gobierno continúe acentuando su programa de trabajo. De hecho, la decisión se tomó un año luego de la sanción de la Ley Bases (27.742), que declaró a AySA “sujeta a privatización”. El Poder Ejecutivo ha reconocido que, en el marco de una profunda y compleja crisis económica, el Estado Nacional se ve imposibilitado para continuar subsidiando el sistema de agua potable y cloacas del AMBA. En otras palabras, explica que la crisis económica impide que el Estado continúe con el subsidio de AySA.
Los principales cambios impulsados por el Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo Nacional ha comenzado a impulsar una serie de cambios y modificaciones en el sistema de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., en el marco de su anunciado proceso de privatización, para atraer inversiones extranjeras e incorporar capital privado. De hecho, desde el Gobierno consideran que “resulta pertinente adoptar con celeridad medidas que permitan viabilizar urgentemente las inversiones necesarias y garantizar la mejora sostenida en las condiciones de prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales a cargo de AySA, sin que ello implique, en ningún caso, interrupciones ni situaciones que pongan en riesgo la continuidad del servicio”.
La reforma societaria de AySA es uno de los ejes de estas modificaciones realizadas por la administración de Javier Milei, que determinó la reconfiguración del capital accionario de la compañía y habilitó la privatización parcial o total. A partir de ahora, el 90% del capital social de la compañía quedará bajo la órbita del Ministerio de Economía, quién podrá transferir y enajenar su participación, de manera total o parcial. De esta manera, con la modificación del Decreto 304/2006, el Gobierno dejó sin efecto el carácter intransferible de las acciones del Estado en la sociedad. Por su parte, el 10% restante del capital social de AySA se mantiene bajo el Programa de Propiedad Participada de los trabajadores de la compañía. Esta reforma también fija un plazo de cinco años como período de transición, desde la adjudicación de las acciones al nuevo concesionario y el proceso de privatización, para la aplicación progresiva del nuevo régimen regulatorio.
A la vez, se determinó que el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA) deberán trabajar en conjunto y cooperar institucionalmente, como entes reguladores, pudiendo ser convocados por el concesionario o la sindicatura de usuarios. Vinculado a este punto, se ha decretado la creación del Plan Director de Mejora Estratégico, que estará bajo elaboración de APLA y deberá ser examinado cada cinco años. Este instrumento técnico, de carácter no vinculante, tendrá el objetivo de identificar las obras prioritarias para extender el servicio, en base a criterios de viabilidad técnica y densidad poblacional. De esta manera, funcionará como guía y asesoramiento para la planificación de inversiones de la futura concesionaria.
Por último, otro de los principales cambios, instaurados por el Gobierno por medio del Decreto 493/2025, ha sido la habilitación para interrumpir y cortar el servicio de agua potable a los usuarios en mora, por falta de pago. Asimismo, el Gobierno le ha otorgado a AySA facultades para auditar obras dentro del Área Regulada y la construcción de garantías para los ingresos de concesión, en pos de respaldar el financiamiento externo tan anhelado.
Ante la crisis, un nuevo modelo para AySA
El Gobierno Nacional ha tomado la decisión de iniciar el proceso de privatización de AySA, bajo la necesidad de “repensar un nuevo modelo regulatorio, con Entes Reguladores robustecidos para brindar mayor seguridad y transparencia a todos los sujetos actuantes en el marco de la gestión”, en un contexto de “profunda crisis económica”. Por tal motivo, el Poder Ejecutivo habilitó el ingreso de capital privado en la compañía, dado que considera que “el régimen actualmente vigente fue diseñado para una sociedad de carácter estatal”, lo que dificulta su adecuación a nuevos objetivos de gestión, eficiencia e inversión.
El diseño actual no se ajusta ni a los objetivos ni a las necesidades actuales de la compañía y los usuarios. El modelo de gestión estatal, de hecho, no contempla adecuadamente, desde la perspectiva del Gobierno, las condiciones necesarias para fomentar e impulsar nuevas inversiones y ampliar la cobertura del servicio. El creciente deterioro operativo y financiero de AySA evidencia los límites de la capacidad del Estado Nacional para sostener y expandir la prestación de este servicio público, ante la crisis económica y financiera actual. “Su estructura resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad” sostiene el Gobierno Nacional, quien ante este escenario decidió permitir el ingreso de capital privado en la compañía.
De hecho, Manuel Adorni, en el marco de su conferencia de prensa, explicó que entre los años 2006 y 2023, el Estado Nacional realizó transferencias de aproximadamente U$S 13.400 millones del Tesoro, a favor de AySA, pero, que pese a ello, se ha podido evidenciar un profundo y fuerte deterioro en la eficiencia, productividad e infraestructura de la compañía que opera en el AMBA, que se refleja en “una disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos”, en un 90%.
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