Por medio de la Resolución Nº 831, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad de la Nación creó el “Sistema de Protección Administrativa de Denunciantes y Testigos”, con el propósito de “fomentar la denuncia, investigación y sanción de irregularidades y delitos cometidos dentro de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”. En pocas palabras, asegura que las condiciones administrativas y profesionales del personal de las Fuerzas que formulen denuncias, se nieguen a participar en actos ilícitos o actúen como testigos de delitos que involucren a integrantes de estas fuerzas, y que permanezcan inalteradas.
Según la cartera de Seguridad Nacional, los Estados deben establecer sistemas de protección a los denunciantes, además de que los funcionarios públicos no deben adoptar represalias de ningún tipo contra pares (citando la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Código de Ética en la Función Pública para Funcionarios del Poder Ejecutivo).
Asimismo, cita la Resolución Nº 561/2016 de la cartera, que creó el Sistema de Protección Administrativa del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SPAPFS) para “promover la denuncia, investigación y sanción de ilícitos y actos irregulares por parte de efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”. Ese marco se aseguraba de que las condiciones administrativas y laborales, así como el desarrollo profesional del personal de las Fuerzas, no se vean alteradas por persecuciones contra denunciantes, testigos o damnificados de actos irregulares o ilícitos que involucren a personal de dichas instituciones.
Argumentos y objetivos de la medida
“El SPAPFS ha dado resultados fructíferos para este Ministerio ya que desalentó el uso del anonimato como recurso de protección del denunciante y permitió profundizar el contenido de la denuncia y su investigación, especialmente en relación a posibles actos de corrupción […] En consecuencia esta herramienta ha colaborado en la transparencia y eficiencia del sistema de investigaciones favoreciendo la desarticulación y sanción de diversos ilícitos cometidos en el interior de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”, afirma la Resolución.
Por ello se modificó el sistema de protección anterior y se instaló el Sistema Integral de Protección Administrativa (SIPRA), y ahora también se actualiza para incorporar al Servicio Penitenciario Federal (SPF) dentro del organigrama.
Entre otros motivos, “resulta pertinente aprobar un nuevo Sistema que se adecue a las actuales funciones asignadas al Ministerio de Seguridad Nacional y su estructura organizativa, tomando como punto de partida los resultados y experiencias de los Sistemas de Protección previos, brindándole mayor eficiencia y eficacia, con el objeto de incentivar las denuncias del personal que tome conocimiento de actos ilícitos cometidos en el ámbito de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”, concluye la cartera.
Sobre su aplicación
La Resolución afirma que la protección física del denunciante no está contemplada en este sistema, que se enfoca en prevenir represalias laborales como violencia, hostigamiento, degradación jerárquica, sobrecarga de tareas, sanciones injustificadas, acoso, traslados arbitrarios y otros actos que configuren persecución institucional, según lo determine la autoridad competente.
En paralelo, la inclusión o exclusión de agentes de las fuerzas federales en el Sistema de Protección Administrativa dependerá exclusivamente de la Dirección Nacional de Transparencia e Integridad, que evaluará si el personal ha denunciado hechos ilícitos, sufrido represalias o tiene temor fundado de sufrirlas. Además, se crea el Registro Único de Protección Administrativa (RUPAd), que funcionará mediante el sistema de Gestión de Documentación Electrónica GDE, donde se documentarán formalmente los movimientos de ingreso y salida del sistema.
Destaca también que para ingresar al Sistema de Protección Administrativa de Denunciantes y Testigos, no se aceptan denuncias anónimas. La solicitud debe presentarse en forma presencial o, si las condiciones lo impiden, mediante correo electrónico, siempre verificando la identidad del denunciante. La autoridad podrá requerir informes previos y realizar verificaciones para determinar la verosimilitud de los hechos antes de autorizar la inclusión.
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