A solicitud del Gobierno nacional, la Justicia Federal de Rosario declaró cuatro barrios de la ciudad como zona de investigación especial en el marco de la Ley Antimafia la semana pasada. El pedido fue realizado por fiscales de la Procuración de Narcotráfico (Procunar), de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) y de otros cuerpos de Rosario, con el objetivo de implementar nuevas herramientas para cooptar organizaciones criminales en la ciudad santafesina.
En una audiencia en la sede de la Justicia Federal de Rosario el pasado miércoles, se plasmó información recabada sobre bandas criminales activas en la ciudad. El caso destacado que se trató en tal audiencia fue el de la conocida “Banda de los Menores”, grupo abocado al micronarcotráfico y balaceras al que se había implicado con el crimen del líder de la hinchada de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte, en noviembre pasado.
No obstante, según el Gobierno nacional, la aplicación de esta ley no se restringe únicamente a este grupo, sino a todos los que actúan en asociación más amplia como una “cooperativa criminal”. Según lo recopilado, no hubo hubo funcionarios provinciales o fiscales provinciales en la audiencia, sino que fue un programa impulsado enteramente por la titular de la cartera de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.
Argumentos y decisiones sobre la nueva medida
Es menester recordar que, a mediados del mes de mayo y a partir de la publicación de la resolución 572/2025, el Ministerio de Seguridad oficializó el establecimiento de Rosario como “Zona Sujeta a Investigación Especial” en el marco de la Ley Antimafias Principalmente porque la ciudad es considerada como una de las más golpeadas por el crimen organizado, y esta medida busca reforzar la lucha contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.
En consecuencia, el Gobierno nacional a través de los fiscales busca habilitar a toda la ciudad como zona de investigación especial sin fragmentarla, ya que este tipo de grupos criminales no suelen restringirse a una única zona o barrio. No obstante, ahora el foco está puesto en una figura relativamente nueva en el campo criminal: Matías Ignacio Gazzani, un hombre de 30 años que desde hace años tiene un pedido de captura activo por homicidio, y que es advertido como distribuidor importante de estupefacientes hacia diversas bandas.
Según los fiscales, Gazzani estaría viviendo en Puerto Madero, pero seguiría vinculado con otros “referentes criminales rosarinos”, que se encontrarían en un listado elevado por los fiscales en la audiencia. Por ende, se realizó especial énfasis en las zonas de los barrios 7 de Septiembre, Emaus, La Bombacha y Stella Maris para la aplicación de la ley.
De esta manera, el juez federal de garantías, Eduardo Rodrigues da Cruz, habilitó finalmente el pedido del gobierno nacional en esas cuatro áreas específicas como ámbito de intervención. Así, Rosario se convierte en el primer lugar de la Argentina en el que se activa formalmente este instrumento legal.
Sobre la Ley Antimafia y su aplicación en Rosario
El pasado mes de febrero, el Senado aprobó la conocida “Ley Antimafia” para endurecer las penas y establecer mecanismos más efectivos para enfrentar delitos como el narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y tráfico de órganos. En términos generales, esta ley establece penas de entre 8 y 20 años de prisión para aquellos ciudadanos que pertenezcan a organizaciones criminales.
En sí, busca reforzar el principio de que todos los integrantes que contribuyen al crimen sean condenados. Principalmente porque también abarca la posibilidad de que todos los miembros reciban la pena máxima aplicable al delito más grave cometido por la organización.
De esta manera, la ley habilita el uso de herramientas de investigación especial, como intervenir de manera más firme en operaciones, cuentas y patrimonio de los grupos delictivos. Asimismo, modifica la figura de asociación ilícita para agravarla, o tolera medidas de allanamientos domiciliarios en cadena o interceptaciones de comunicaciones, en algunos casos sin orden judicial.
En este caso puntual, y según la cartera de Bullrich, “la resolución judicial habilita la conformación de una zona sujeta a investigación especial, según el artículo 4º de la Ley Antimafia, y autoriza el uso de herramientas excepcionales de investigación dentro de un perímetro geográfico delimitado […] La investigación penal se articula además con el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe a través de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que coordina el accionar de fiscales federales y provinciales para potenciar la persecución penal y ordenar las competencias jurisdiccionales conforme la normativa vigente”.
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