Entre enero y junio de 2025, un total de 2.273 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad federales solicitaron su baja voluntaria. Tal y como reportó el medio MisionesOnline, detrás de ese número alarmante para los propios cuadros institucionales hay un malestar que no deja de crecer: salarios que no alcanzan, servicios de salud deficientes y condiciones de vida insostenibles.
Los datos recabados por informes internos y testimonios de los propios efectivos muestran una pérdida generalizada de personal. Del total de las 2.273 bajas en solo seis meses, la gran mayoría de las personas pertenecía a la Policía Federal Argentina (412, la )Gendarmería Nacional (386), la Prefectura Naval (322), el Servicio Penitenciario Federal (292) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (177). Desde las Fuerzas Armadas, el número mayor pertenecer al Ejército, con 257 efectivos, y le siguen la Armada (234) y la Fuerza Aérea (193).
En paralelo, se observa que el total de personal militar y de seguridad de la Administración Pública Nacional pasó de 204.581 (dic-23) a 199.081 (may-25) efectivos. El sector se mantuvo mucho más estable que otras áreas de la administración pública, aunque hubo una reducción de 5.500 puestos (por ejemplo, el personal civil cayó más de 28.000 puestos).
El escenario de las Fuerzas de Seguridad
El Ministerio de Seguridad representa más de la mitad del personal de fuerzas armadas y de seguridad, con alrededor de 111.500 agentes en mayo 2025, frente a 87.512 militares dependientes del Ministerio de Defensa. En este contexto se observa un crecimiento parcial, el cual sugiere que hubo un refuerzo de las capacidades federales de control y patrullaje, incluso en un marco de ajuste.
Paradójicamente, mientras se achican otras áreas del Estado, el Ministerio de Seguridad asumió nuevas competencias. En 2025, por ejemplo, absorbió la Dirección Nacional de Manejo del Fuego y se fortalecieron capacidades federales en control territorial y penitenciario. Por ello, el aumento del personal contratado en 2025 se debe a la transferencia de la Dirección Nacional de Manejo del Fuego y sus dependencias al Ministerio de Seguridad, dispuesta por el artículo 6° del Decreto 81/2025
Sin embargo, el foco operativo no vino acompañado de mejoras en las condiciones internas. A grandes rasgos, puede afirmarse que la cartera sostiene la “función de control”, pero desatiende el bienestar de quienes deben cumplirla. Puntualmente porque el crecimiento parcial del personal no garantiza sostenibilidad institucional, considerando las capacidades a las que se enfrentan los efectivos, como cierta precarización salarial, desatención sanitaria y desconexión territorial.
Motivos de la multiplicidad de bajas
Según pudo observarse, las bajas no responden sólo a cuestiones individuales, sino más bien a un patrón estructural. La mayoría de quienes dejan sus cargos son jóvenes trasladados al Área Metropolitana, donde los ingresos no alcanzan para cubrir alquileres, traslados y vida cotidiana. Muchos terminan regresando a sus provincias de origen, donde intentan reinsertarse en fuerzas locales o directamente en el sector privado.
Otra gran causa que empuja al personal fuera de las fuerzas es la crisis en las obras sociales, especialmente IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad). El Instituto concentra a más de 600.000 afiliados en todo el país tras la unificación impuesta por el gobierno nacional años atrás, pero generó un retroceso evidente y un abandono del personal militar y de seguridad en servicio e inactivo.
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