Hace unos días, se conoció una denuncia presentada por la diputada Lourdes Arrieta (LLA) contra la SIDE, acusando a la misma de financiar grupos libertarios y contra su director, Sergio Neiffert, la cual fue aceptada por la comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, pero aún no fue tratada en su orden del día. Las actividades ilegales, que cada tanto afloran en las crónicas políticas y policiales, se deben al accionar delictual de personas que en todos los casos no pertenecen a los cuadros del personal de planta permanente de los organismos de Inteligencia.
Esta denuncia sobre supuestos desvíos de fondos para operaciones ilegales estaría demostrando un accionar improcedente e imprudente por directivos políticos de turno que intentan aprovecharse de un manejo discrecional de los fondos asignados en concepto de gastos reservados. A esto se suman otras denuncias que sí se trataron en la Comisión Bicameral de Inteligencia que tienen que ver con posibles hechos que emanan del Plan Nacional de Inteligencia que habilitaría la vigilancia y seguimiento de periodistas, economistas y dirigentes políticos que erosionen o desgasten la confianza en el Gobierno y en la economía y hasta menciona la necesidad de “controlar el relato”; el posible gasto exacerbado en operaciones de inteligencia que no se conocen y también el vuelo con 15 valijas que llegó de Miami y que la Aduana no habría revisado, aunque luego aseguró que sí.
En el caso del Plan Nacional de Inteligencia, y de confirmarse la naturaleza de ese informe, y tal como lo consigna el periodista Alconada Mon, en uno de los capítulos se consignaba la necesidad de vigilar a periodistas, economistas y dirigentes políticos que pudieran comprometer la confianza de la gente y los mercados en el plan económico que dirigen Milei y su ministro Luis “Toto” Caputo, la SIDE estaría violando la Ley de Inteligencia, número 25.520. en su ARTÍCULO 7°, del DNU 614/2024 que dice: “Sustituyese el artículo 4° de la Ley N° 25.520 y sus modificaciones, que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 4°. – Ningún órgano u organismo de inteligencia podrá: 1. Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación judicial o criminal. 2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. 3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo. 4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.
Cabe recordar, que el PE modificó, vía DNU 614/2024, la estructura del Sistema de Inteligencia Nacional, disolviendo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y creando organismos desconcentrados en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Este DNU, junto con el Decreto 615, forman parte de una reforma estructural propuesta por el gobierno de Javier Milei para el Estado, específicamente en el ámbito de los servicios de inteligencia:
- Disolución de la AFI
- Creación de organismos desconcentrados en la SIDE: a. Creación de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN); El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA); La Agencia Federal de Ciberseguridad; La División de Asuntos Internos (DAI), la cual al día de la fecha no ha sido ocupada y sigue vacante ese puesto.
- Transferencia de funciones
- Modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional
- Reforma de la gestión de fondos
Gastos Reservados
Lo que tuvo un crecimiento verdaderamente exponencial fue el de los gastos reservados que manejan los espías: desde enero hasta la fecha aumentó un 254%, ya que según los datos oficiales que publica el Ministerio de Economía, en enero pasado los gastos reservados de la SIDE totalizaban 3.794 millones de pesos y cinco meses después treparon a los 13.436 millones de pesos actuales.
El aumento presupuestario de la SIDE y sus gastos reservados se ejecutaron por medio de dos medidas: el primero fue el DNU 186/25 de marzo pasado, por el cual se autorizó una suba de $1.625 millones para gastos reservados dentro de un incremento global de $7.366 millones para toda la SIDE. El segundo aumento fue más polémico: por medio de la decisión administrativa publicada el 5 de este mes, el Gobierno aumentó en $25.000 millones el presupuesto de la SIDE, de los cuales poco más de $8. 000 millones tenían como destino los gastos reservados. El gasto implica 84.322 jubilaciones mínimas ($296.481,74) y 27.777 salarios de enfermeras del Hospital Garrahan ($900 mil).
También se aumentó de manera considerable la partida destinada a bienes de uso del organismo, que trepó a $7.685 millones (1560% de aumento en cinco meses).
Razones limitantes de la legitimación y su imagen negativa
Las diversas normas que han regulado la actividad de inteligencia desde la creación misma del organismo bajo distintas denominaciones han sido secretas para este delicado accionar del Estado, lo que ha contribuido a crear en el seno de nuestra sociedad una leyenda oscura, y provocado por lo tanto una falta de legitimación social con respecto a la misión y funciones de los organismos de Inteligencia.
Algunos hechos determinantes de la imagen negativa son:
- Injerencia en asuntos internos de otros países
- Arbitrariedad en la utilización de las denominadas “operaciones encubiertas”.
- Fallas en la determinación de inteligencia predictiva de mediano y largo plazo,
y por parte de Directivos con nombramientos políticos circunstanciales en diferentes etapas históricos, se han llevado a cabo acciones ilegales, entre otros:
- Uso discrecional de la inteligencia como instrumento de poder.
- Utilización de la inteligencia para fines particulares o sectoriales.
- Persecución política – ideológica en el propio país.
La Inteligencia ha sido durante muchos años una actividad vedada al conocimiento del público en general. Muchos y diversos han sido los factores que, a lo largo de la historia y en especial de la última mitad del siglo XX e inclusive el presente siglo, convirtieron lenta pero inexorablemente a la Inteligencia en una cenicienta sin rostro. O sea, aquella que hace lo que los demás no desean hacer, pero que debe hacerse.
¿Por qué sucede esto?
- El carácter secreto de las organizaciones, misiones, funciones, objetivos y actividades.
- La imposibilidad intrínseca de las organizaciones de hacer públicos sus logros, particularmente cuando se refieren a conflictos internacionales o a procesos investigativos en desarrollo.
- El elevado presupuesto que requiere la ejecución de las actividades específicas y la imposibilidad, exigida por la discreción y la seguridad de los sistemas de inteligencia, de difundir a la opinión pública los valores numéricos de la relación costo – beneficio.
- Los prejuicios contrarios a la necesidad y eficacia de los organismos de inteligencia, derivados de hechos y circunstancias que, como los señalados, están enraizados en el seno de las sociedades.
Legitimación social, política e institucional
Es necesario para una Argentina con institucionalidad democrática, que mejoremos la opinión de los ciudadanos sobre los Organismos de Inteligencia, produciendo legitimación social, para lo cual se debe incentivar la transparencia de la actividad, pero no de los temas en investigación; la fluidez de la comunicación y la apertura social. Además, se debe lograr legitimación política e institucional cumpliendo con las normas, por parte del personal de planta, de contratados y de políticos y de la responsabilidad de los usuarios de la Inteligencia producida.
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