En medio de una creciente tensión entre el Gobierno y las entidades de medicina prepaga, el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, presentó su renuncia “por motivos personales”. Mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 440/22025, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Oriolo y designó en su lugar al doctor Claudio Adrián Stivelman, quien se desempeñaba como gerente general de la SSS.
La salida, que se oficializó en el Boletín Oficial, se da en un contexto de asfixia financiera del sistema privado, reclamos por actualización de cuotas y una reconfiguración profunda del esquema de obras sociales.
La administración anterior y los desafíos actuales
Oriolo había asumido en enero de 2024, tras haber sido directivo de OSDE. Durante su gestión, impulsó diversas reformas, como la eliminación de la “triangulación” entre obras sociales o la publicación de precios de planes para facilitar la elección del afiliado. Se suma también la reforma al régimen de sanciones y trazabilidad, junto a la reducción de la estructura política del organismo.
Oriolo expresó en sus redes sociales su agradecimiento a Lugones por el trabajo compartido durante estos meses. “Me voy con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo central que nos propusimos desde el primer día: recuperar el rol fiscalizador de la Superintendencia, un rol que en los últimos años no se cumplió. La salud en la Argentina arrastra una crisis estructural de décadas y eso exige reordenar el sistema con transformaciones profundas como las que está llevando adelante el Gobierno Nacional“, escribió.
La llegada de Stivelman sugiere una línea de continuidad en la gestión de Oriolo. No obstante, también implica enfrentar los problemas que enfrenta el sistema de salud. Entre ellos, los reclamos de las prepagas por aumentos insuficientes a la inflación, el cierre de obras sociales por falta de cumplimiento administrativo, o las auditorías más estrictas sobre las casi 300 obras sociales activas.
Un sistema en alerta
La salida de Oriolo no es solo un cambio de nombre, y no puede analizarse de forma aislada. En este momento, refleja la fragilidad del sistema de salud: prestadores privados en crisis, obras sociales sindicales bajo la lupa y una clase media que pierde cobertura o enfrenta aumentos impagables.
Además, se suma a una serie de movimientos del Ejecutivo para reordenar el sistema de salud sin una reforma integral, lo que genera incertidumbre entre prestadores, pacientes y sindicatos. Este corrimiento del Estado del rol de garante de la accesibilidad sanitaria para dejarlo todo a manos de las fuerzas del mercado promueve incertidumbre en el sistema sanitario, pero también susceptibilidades en la población.
En simultáneo, se produce en pleno despliegue de la Ley Bases, que habilita al Poder Ejecutivo a reestructurar organismos, simplificar normativas y “racionalizar el gasto público” en todos los niveles del Estado. Si bien la ley no menciona explícitamente al sistema de salud, su espíritu de reorganización institucional se vuelca a los marcos regulatorios del sector, particularmente en la reducción de subsidios o el achicamiento de estructuras burocráticas.
Te puede interesar: El Gobierno expone el “plan” para revertir el déficit del IOSFA y apunta contra gestiones anteriores
