Recientemente, el Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich tomó una decisión polémica: fueron reasignadas 160 unidades habitacionales del ex plan Procrear a efectivos de las Fuerzas Federales. Las críticas no tardaron en aparecer, principalmente por la posible afectación a familias adjudicatarias y por el cambio de destino del programa habitacional.
La decisión administrativa de la cartera, en coordinación con el Ministerio de Economía, desató una fuerte polémica en torno al uso de viviendas públicas originalmente destinadas a la ciudadanía civil. La controversia surgió tras el acto oficial en el que se hizo entrega de 160 viviendas en Avellaneda a efectivos de las fuerzas federales, en el marco de lo que el Gobierno definió como un “plan federal de reasignación habitacional”.
“Entregamos 160 casas en Avellaneda. Van directo a ellos, sin intermediarios, sin amigos de la política. Es el inicio de un plan federal que recupera 329 viviendas en todo el país. Esto es cuidar a quienes nos cuidan. Felicitaciones a las familias que hoy abren la puerta de su nuevo hogar”, publicó Bullrich en su cuenta oficial de X.
La disolución del Procrear, el paso previo
Las unidades forman parte del stock del Plan Procrear, un programa estatal creado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda propia mediante créditos y desarrollos urbanísticos. La reasignación de viviendas se da pocas semanas después de que el Gobierno oficializó la disolución definitiva del Fondo Fiduciario Público Procrear, mediante la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024.
En este contexto, la ministra detalló que las viviendas de Avellaneda son el inicio de un nuevo esquema de viviendas, ya que continuará en localidades como Ezeiza, Morón, San Miguel, Córdoba, entre otras. En todos los casos, las casas serán administradas internamente por las fuerzas federales.
Así, Bullrich encabezó el anuncio y justificó la medida en la necesidad de “resolver el problema habitacional de quienes nos cuidan”, afirmando que se trata de viviendas que estaban “mal destinadas o subutilizadas” y que incluso algunas habían sido ofrecidas vía Airbnb.Sin embargo, organizaciones civiles y sectores opositores advirtieron que varias de estas viviendas ya habían sido adjudicadas a familias que esperaban su entrega desde hacía años, lo que disparó reclamos y pedidos de información sobre el criterio de reasignación.
¿Qué se sabe del nuevo plan?
Desde el Gobierno no se precisó cuántas de las unidades estaban efectivamente vacías ni si se notificó a los anteriores beneficiarios sobre el cambio de destino. Lo que se conoce, es que este nuevo esquema busca “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto público”, gracias a la disolución del Plan Procrear.
Desde otros sectores, esta reasignación discrecional de inmuebles habitacionales sin un nuevo marco normativo genera dudas sobre la protección de los derechos adquiridos por adjudicatarios anteriores. No obstante, Bullrich anticipó que el plan continuará y que contempla al menos 329 viviendas recuperadas en distintos puntos del país, que serán administradas directamente por las fuerzas de seguridad.
La iniciativa busca, según el Gobierno, aliviar el peso de los alquileres privados en los que incurren agentes federales y reducir la dependencia de alojamientos pagos. Pero no se informó públicamente bajo qué norma legal o procedimiento administrativo se produce la reasignación de viviendas que pertenecían a un programa cerrado, pero todavía en vigencia para beneficiarios adjudicados.
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