El presidente Javier Milei aprobó, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), nuevas modificaciones al presupuesto nacional de la Argentina con una marcada tendencia hacia el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa. La medida amplía las partidas presupuestarias en áreas sensibles, como lo son las carteras de Bullrich y Petri, en medio de un escenario signado por la prórroga del Presupuesto 2023 y la falta de acuerdo legislativo.
El DNU 425/2025 además prorrogó, por 10 años a partir de sus respectivos vencimientos, las pensiones otorgadas en virtud de la Ley Nº 13.337 y sus modificaciones. Misma situación ocurre con las pensiones graciables que fueran prorrogadas por la Ley Nº 27.008 y sus modificatorias y por las siguientes leyes anuales de Presupuesto General de la Administración Nacional, fijando las condiciones que las mismas deben cumplir.
Foco en la Seguridad
Tal y como fue mencionado anteriormente, uno de los principales sectores que recibirán un aumento presupuestario es el Ministerio de Seguridad Nacional, ya que la cartera tiene que “optimizar la capacidad operativa de la Policía Federal Argentina (PFA)” para impulsar sus esfuerzos en “el combate contra el crimen organizado”. El Gobierno nacional ha puesto el foco en la importancia de la Seguridad Nacional, puntualmente contra las organizaciones criminales internacionales, el control migratorio y la militarización de las fronteras.
Se encuentran múltiples ejemplos a lo largo de los últimos meses, como la implementación de la Operación Roca, el Plan Güemes o el Plan Guacurarí, en términos de control fronterizo. Asimismo, se suma el refuerzo del personal de seguridad y militar en la Triple Frontera, debido a la alerta estadounidense de que Hezbolá se encontraba presente en este territorio.
Modificaciones recientes
También es menester mencionar que, a mediados de junio, se estableció un nuevo Estatuto de la PFA, modificando su estructura organizativa y su misión principal, con foco en la investigación criminal. Entre sus cambios más controvertidos, otorga al personal de la fuerza el acceso a datos de redes sociales y fuentes privadas, el ciberpatrullaje, sin orden judicial ni supervisión externa, y las requisas y detenciones preventivas bajo conceptos ambiguos como “seguridad del Estado” o “alteración del orden público”.
El nuevo Estatuto también postula la necesidad de actualizar los perfiles y escalafones del personal policial para garantizar mayor especialización en tareas investigativas, y se creará el Programa Presupuestario “Modernización de la Policía Federal Argentina”. El Ministerio de Bullrich tendrá gran peso en la designación de puestos y funciones, así como de escalafones y ascensos, dentro de la PFA.
En este contexto, también fue presentado por el Gobierno nacional el nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI), también llamado “el FBI argentino”. Técnicamente, se encargará de los delitos federales más complejos. Las modificaciones se basan en dos modelos internacionales: por un lado, en el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), y por el otro, en la Policía Federal de Brasil.
En conjunto, los cambios en la PFA fueron criticados ampliamente, tanto por el personal dentro de la fuerza como por los legisladores nacionales.
Crisis en las FF.AA. – Situación de IOSFA y el IAF
Otro de los aumentos presentes en la modificación presupuestaria impulsada por Milei recae en el Instituto de Ayuda Financiera para pagos de retiros y pensiones militares (IAF), un organismo del Ministerio de Defensa. Similar a lo que ocurría en Seguridad, la cartera dirigida por Luis Petri enfrentaba ciertos problemas y controversias.
La profunda crisis entre el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y el Ministerio de Defensa, marcada por tensiones financieras y reclamos por parte de militares y civiles afiliados, llevó a que el Gobierno nacional tenga que realizar no solo un aumento presupuestario para el IAF, sino también reformas estructurales.
Recientemente, se oficializó la designación de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni, como presidente del directorio del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Esto se debió a que Roberto Fiochi renunció como presidente del IOSFA, y por ende Betina Surballe se convirtió en la nueva directiva de la Institución (quien estaba a cargo del IAF).
La decisión llegó en un contexto de reestructuración dentro del sistema de asistencia financiera y social de las Fuerzas Armadas, que fue ampliamente cuestionado por la gestión de los recursos y la relación entre el Ejecutivo y los sectores castrenses. El malestar entre el personal militar ha ido en aumento desde principios de año, con reclamos por la falta de representación en la toma de decisiones y la transparencia en la gestión, además de la falta de respuesta en la gestión de la obra social y las deudas pendientes.
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