Argentina podría protagonizar un giro histórico en su política exterior tras la solicitud formal de anexión presentada esta semana por la República de Annobón, una pequeña isla ubicada en el Golfo de Guinea. De concretarse la propuesta presentada por el primer ministro, Orlando Cartagena Lagar, Argentina no solo sumaría presencia territorial en África —consolidando así un perfil tricontinental junto a América del Sur y la Antártida—, sino que también podría evaluar la posibilidad de desplegar un contingente militar en misión de imposición de paz, bajo el amparo de los vínculos históricos entre ambos territorios.
La historia de Annobón, una remota isla volcánica de apenas 17 km² en el Golfo de Guinea, atraviesa siglos de pugnas coloniales y actualmente se entrelaza con tensiones internacionales. Lo que fue un enclave portugués y más tarde español, hoy es escenario de graves denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos bajo el régimen de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial desde 1979. En una jugada diplomática inesperada, el Primer Ministro en el exilio de Annobón, Orlando Cartagena, visitó recientemente Argentina y expresó su intención de acercar la causa annobonesa a Buenos Aires, evocando vínculos históricos con el Virreinato del Río de la Plata.
El vínculo entre Annobón y Argentina se remonta al siglo XVIII, cuando España, en el marco del Tratado de El Pardo de 1778, asumió el control de la isla tras una cesión de Portugal. En un contexto de reorganización imperial impulsada por las Reformas Borbónicas, se afirma que Annobón fue administrada brevemente desde el Virreinato del Río de la Plata. Durante ese período, la isla continuó operando como enclave esclavista, abasteciendo ciudades como Buenos Aires y Montevideo. Sin embargo, la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816 dejó a Annobón fuera de sus reclamaciones, consolidándose su pertenencia a España y, más tarde, a Guinea Ecuatorial en 1968.
Hoy, la situación en Annobón tomó un giro preocupante. Según denuncias del propio Cartagena y de organizaciones como Human Rights Watch, la isla se encuentra completamente incomunicada: sin electricidad, telefonía ni acceso a internet. Más de 40 personas desaparecieron en el último año, y se reportan violaciones, allanamientos y secuestros por parte de las fuerzas armadas. La organización UNPO —que agrupa a naciones y pueblos no representados— admitió a Annobón como miembro en 2022, respaldando su reclamo de autodeterminación. El grupo secesionista Ambô Legadu también proclamó la independencia de la isla ese mismo año.
La situación de Annobón reavivó un dilema diplomático del que Argentina entiende
Lo cierto es que la visita de Cartagena a Argentina reavivó un dilema diplomático. El principio de autodeterminación, utilizado por el Reino Unido para justificar su presencia en las Malvinas, es un tema sensible para el Gobierno argentino, que históricamente lo cuestionó por tratarse de una población implantada. En contraste, la población de Annobón tiene raíces locales y africanas, sin lazos históricos con la Guinea continental. Tal como declaró Cartagena, “la isla de Annobón nunca ha pertenecido a Guinea. No tenemos lazos culturales ni históricos con Guinea. Nuestra incorporación fue impuesta y es injusta”.
De acuerdo a Néstor Siurana, “medios locales reportaron que el Gobierno de Javier Milei recibió una “advertencia” por parte del Gobierno ecuatoguineano, sobre la posibilidad de cambiar la postura del país en torno a Malvinas (hoy a favor de Argentina) si se promovían cuestiones “separatistas” en relación con el país”.
Las denuncias de Cartagena apuntan a un presunto “genocidio programado”: destrucción ambiental deliberada, introducción de especies invasoras como caballos y cocodrilos para arrasar con los cultivos, contaminación de aguas y uso de dinamita para extracción minera que dejó la tierra infértil. La empresa SOMAGEC, vinculada directamente al régimen de Obiang, fue señalada como responsable de esta devastación ecológica, agravando la crisis humanitaria.
La situación de Annobón plantea interrogantes sobre la legitimidad de los reclamos de autodeterminación frente a regímenes represivos. Si bien el Derecho Internacional no avala el secesionismo salvo en contextos coloniales o de violaciones sistemáticas, el caso llegó a Naciones Unidas.
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