A pesar de versiones indicando una extensión por 60 días a partir del 27 de mayo, finalmente el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó que la licencia de Chevron para operar en Venezuela expirará efectivamente en la fecha pautada. Recientemente, la liberación de un ciudadano estadounidense detenido en Venezuela desde 2024, Joseph St. Clair, y el recibimiento de venezolanos deportados por EE.UU. sugerían un posible acercamiento entre las partes para prorrogar la Licencia General 41B.
La salida de Chevron, un duro golpe a la economía de Caracas
A través de su cuenta de X, Marco Rubio descartó una extensión a la Licencia General 41B, que habilitaba a la multinacional Chevron a desarrollar operaciones en Venezuela. La petrolera proporciona más de 200,000 barriles diarios a la empresa estatal venezolana PDVSA desde el comienzo de sus operaciones en el país, y es un sostén clave para el sector petrolero del país latinoamericano. La licencia otorgada a Chevron fue aprobada en noviembre de 2022 por el entonces presidente Joe Biden.

En 2019, durante su primer mandato, Trump impuso un embargo al petróleo venezolano en respuesta a las elecciones de 2018, marcadas por denuncias de fraude. Como consecuencia, la producción petrolera cayó drásticamente, pasando de alrededor de tres millones de barriles diarios a principios de los 2000 a menos de 400.000 barriles por día en 2020. Tras aprobar la licencia en 2022, Biden restableció la mayoría de las sanciones al constatar que Maduro no cumplía con los compromisos asumidos, aunque permitió que Chevron continuara operando en el país.
¿De qué depende la prórroga de la Licencia General 41B?
La noticia de una extensión por 60 días a partir del 27 de mayo, fecha pautada para el cese de actividades, fue informada por el medio Bloomberg a mediados de mayo. Si bien no se concretó, esta decisión habría tenido como objetivo mejorar los vínculos bilaterales mientras continúan las negociaciones sobre los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y la situación de los ciudadanos estadounidenses detenidos en el país.
Mientras que algunos funcionarios estadounidenses, como el Secretario de Estado Marco Rubio, han sostenido una postura firme frente a Venezuela, otros, como Richard Grenell, han optado por una estrategia distinta, manteniendo contactos con autoridades venezolanas y negociando acuerdos para que el gobierno venezolano financie los vuelos de repatriación de cientos de sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos.
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