Durante el primer año de gestión, la administración del Presidente Javier Milei implementó una fuerte reducción del personal de Seguridad y Defensa. La reestructuración del sector público se ha centrado en la eliminación de distintas áreas dentro de la orgánica funcional del Estado Nacional.
Desde su asunción en 2023, el gobierno de la Libertad Avanza busca una profunda disminución del tamaño del aparato estatal, lo que comprendió desarmar programas, organismos, secretarías, ministerios y empresas.
La política del gobierno también ha contemplado a los organismos encargados de la seguridad y la defensa argentina. Si bien no se conoce cabalmente a distribución de los números, se ha difundido recientemente que aproximadamente 5.000 puestos de trabajo fueron desvinculados. De por sí, según un reporte del INDEC, del Ministerio de Defensa de la Nación se eliminaron 1.500 puestos de personal civil y 3.600 de personal militar.
Este recorte traer polémica frente a una crisis de seguridad a niveles locales y nacional en función de la necesidad que existe de robustecer a las Fuerzas de Seguridad, e incluso, robustecer los números de las Fuerzas Armadas de cara al planteo de utilización del sistema de defensa para atacar delitos comunes.
Simultáneamente, esta medida afecta gravemente la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas, que ante cualquier tipo de amenaza externa se vería comprometida.
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